Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio y el COI discrepan abiertamente sobre quién debe asumir el costo adicional que acarrea el aplazamiento sin precedente de la justa deportiva.
El conflicto quedó a flor de piel el martes, cuando el portavoz de Tokio Masa Takaya dijo que el comité organizador pidió al Comité Olímpico Internacional que removiera una frase de su página web en el que se indica que el primer ministro japonés Shinzo Abe aceptó que Japón ib a cargar la mayor parte de los gastos por la demora de un año.
Según medios de prensa japonesa, el atraso causado por la pandemia de coronavirus provocará un gasto extra que oscila entre los 2.000 y 6.000 millones de dólares. Ninguna de las partes ha brindado un estimado oficial, pero el director ejecutivo de Tokio Toshiro Muto ha descrito como “monumental” el costo de la posposición.
“No es apropiado mencionar el nombre del primer ministro de esta manera”, dijo Takaya en una teleconferencia de 90 minutos de duración.
Casi todas las preguntas giraron en torno a una publicación del COI, con sede en Suiza, sobre el costo que Japón tendrá que asumir por el retraso.
La declaración del COI, incorporada en una sección titulada “Preguntas Frecuentes sobre los Juegos Olímpicos Tokio 2020”, decía que Abe aceptó que Japón “continuará cubriendo los costos asumidos bajos los términos del acuerdo existente para 2020, y que el COI seguirá siendo responsable por su parte de los costos”.
Después de la queja de la capital japonesa, el COI eliminó el nombre de Abe y toda referencia a la obligación financiera de Japón. La versión editada reza: “El gobierno de Japón ha reiterado que sigue firme en su disposición de cumplir con su responsabilidad de organizar un exitosos Juegos”.
Una de las soluciones planteadas fue colaborar con Tokio para eliminar gastos superfluos.
Sin usar el nombre de Abe, el presidente del COI Thomas Bach dijo casi exactamente lo mismo hace 10 días en una entrevista con el diario alemán Die Welt. Bach señaló que Japón “continuará cubriendo los gastos que le tocan” bajo el acuerdo firmado en 2013.
El portavoz de Abe, Yoshihide Suga, también salió al cruce del COI y señaló el martes que “no hay tal acuerdo relacionado con el costo adicional por la posposición”.
Pese al conflicto, no hay mucho debate sobre quién tendrá que cargar con el mayor peso. Son los japoneses. Pero es un tema sensible, sobre todo para Abe durante un desplome de la economía debido a la pandemia.
El presupuesto oficial de los Juegos asciende a 12.600 millones de dólares, aunque una auditoría del gobierno indicó en diciembre que el costo real era de 28.000 millones. Todo salvo 5.600 millones de dólares es dinero de los contribuyentes.
Bajo los términos del Contrato de Ciudad Anfitriona que se firmó en 2013 cuando Tokio obtuvo la sede, la ciudad de Tokio, el gobierno de Japón, el Comité Olímpico de Japón y los organizadores locales están obligados a cubrir la mayor parte de los gastos por la competición.
John Coates, un australiano que es miembro del COI y a cargo de la misión de inspectores de Tokio, dijo en una teleconferencia con los organizadores que la posposición le iba a costar al COI “varios cientos de millones de dólares”. Bach dijo lo mismo al diario alemán.
Coates fue claro al señalar que los pagos del COI serán destinados para rescatar las finanzas de los comités olímpicos nacionales y las federaciones nacionales, no la organización en Tokio.
Una de las soluciones planteadas por Coates fue colaborar con Tokio para eliminar gastos superfluos.
Takaya también reiteró que no hay un Plan B pese al temor de algunos científicos de que la pandemia no permitiría la inauguración de los Juegos Olímpicos dentro de 15 meses, el 23 de julio de 2021.
“No entraremos en conjeturas”, dijo Takaya. “Las nuevas fechas han sido fijadas. El comité organizador de Tokio 2020 y todos los interesados se abocan a trabajar con la nueva fecha”.
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